En este caso, Jim y Arthur Lynch representaron a la familia de una mujer con discapacidad mental que fue atropellada y falleció en una intersección por un conductor que se dio a la fuga. El Condado de Rockland no había instalado un cruce peatonal en la intersección ni la señalización necesaria para el tránsito peatonal, como lo estipulaba su plan de tráfico para la zona. La fallecida no trabajaba cuando falleció, por lo que no hubo daños económicos, y la defensa argumentó que falleció instantáneamente y que no sufrió dolor ni sufrimiento antes de morir. La defensa argumentó que su pérdida de vida valía poco dinero y ofreció $15,000 para resolver el caso.



Jim, Arthur y su familia discreparon. En el juicio, los Lynch recurrieron a un patólogo forense de renombre para determinar el profundo dolor que sufrió antes de morir. Además, recurrieron a un experto en diseño de carreteras para determinar por qué las fallas del condado en su plan de intersecciones y su implementación probablemente provocaron su muerte. El jurado coincidió y otorgó a la familia, que había dedicado tanto tiempo a cuidar de su hermana e hija, un millón de dólares.